El parlamento japonés aprobó el viernes un anteproyecto que concede al Gobierno la autoridad para designar cierto tipo de información en la categoría de secretos especiales.
La ley concede a ministros y otros altos cargos gubernamentales la autoridad para decidir qué tipo de información es "secreto especial". Eso incluye material relacionado con la defensa, la diplomacia, la contrainteligencia y la lucha contra el terrorismo.
Los funcionarios públicos que resulten culpables de haber filtrado tales secretos podrían recibir sentencias de hasta 10 años en prisión.
Diversas agrupaciones, entre ellas de escritores y abogados, han expresado un enérgico rechazo a la ley.
En una declaración, el Club PEN de Japón afirmó que la ley permite el uso egoísta del poder y permite a las autoridades ocultar la información, lo cual podría destruir la democracia. La declaración señala que los miembros del club están decididos a proteger la libertad de expresión sin arredrarse ante la intimidación de la ley.
La Federación Japonesa de Colegios de Abogados también emitió una declaración de protesta. En ella, su presidente, Kenji Yamagishi, afirma que la ley viola el derecho de la gente a estar informada y convertirá a la soberanía popular en una simple apariencia. Agregó que la federación censura vehementemente el voto forzado en la Cámara Alta, que ni siquiera tomó en cuenta el gran número de opiniones en contra.
Fuente: NHK
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